Ámbitos de impacto

Infografía del Informe DiscapacIA sobre empleo. Parte de la afirmación: ‘El sesgo no es una anomalía: es el resultado predecible de entrenar un modelo sobre datos de discriminación estructural’.

La pieza sitúa el análisis en el derecho al trabajo y al empleo reconocido en el artículo 27 de la Convención y relaciona este derecho con igualdad, accesibilidad y datos desagregados.

Entre los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo analizados se incluyen el cribado de candidaturas, el análisis de vídeo y la monitorización y perfilado de trabajadores.

Se presentan tres escenas de sesgo. En el descarte automatizado, el sistema puede penalizar lagunas laborales o menciones a programas de apoyo, convirtiendo trayectorias no estándar en un estigma algorítmico. En la monitorización, puede interpretar la variabilidad producida por dolor crónico como bajo rendimiento, en lugar de reconocer la necesidad de ajustes razonables. La tercera escena muestra discriminación interseccional, especialmente para mujeres y jóvenes con discapacidad, cuando se combinan sesgos de género y capacitistas.

Como obligaciones de la Convención, la infografía destaca la auditoría obligatoria, los ajustes razonables incorporados a la arquitectura del sistema, la utilización de datos desagregados y la co-creación con organizaciones de personas con discapacidad. La pieza indica que ha sido creada con una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre inteligencia artificial y empleo. Explica que la inteligencia artificial aplicada al trabajo no es neutral y que puede codificar y ampliar formas de discriminación estructural bajo una apariencia de objetividad técnica.

La pieza presenta el sesgo algorítmico como una forma de discriminación automatizada y muestra distintos escenarios en los que los sistemas de inteligencia artificial pueden perjudicar a personas con discapacidad durante los procesos laborales.

Entre estos escenarios se incluyen decisiones automatizadas en selección de personal y sistemas de monitorización o evaluación que pueden interpretar determinadas trayectorias, características o necesidades vinculadas a la discapacidad como indicadores negativos.

La infografía destaca también que estos impactos pueden ser diferenciados e interseccionales y afectar de manera distinta según discapacidad, género, edad u otras circunstancias.

Como respuesta, reclama exigencias legales para una inteligencia artificial justa, entre ellas auditorías de los sistemas, ajustes razonables, utilización adecuada de datos y participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones. La pieza indica que ha sido creada mediante una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre inteligencia artificial y empleo. Explica que el sesgo algorítmico puede ser el resultado predecible de entrenar sistemas con datos que reflejan discriminaciones estructurales previas.

Entre los sistemas analizados aparecen el cribado automatizado de candidaturas, las vídeo-entrevistas y los sistemas de monitorización algorítmica del trabajo.

En el cribado de candidaturas, los algoritmos pueden penalizar lagunas en el currículum o trayectorias laborales no convencionales, aunque estas estén relacionadas con discapacidad o necesidades de apoyo.

En las vídeo-entrevistas, el análisis automatizado de expresiones faciales, voz o comportamiento puede interpretar características vinculadas a la discapacidad como indicadores negativos de capacidad o idoneidad.

En la monitorización, la variabilidad del rendimiento relacionada con determinadas condiciones de salud puede ser interpretada como inconsistencia o bajo rendimiento, en vez de activar ajustes razonables.

La pieza destaca un impacto diferenciado sobre personas con discapacidad, mujeres y jóvenes con discapacidad, cuando los sistemas reproducen capacitismo, discriminación interseccional o estigmas algorítmicos.

Como respuesta, la infografía reclama auditoría de los sistemas, ajustes razonables y participación en su diseño y evaluación para impedir que las herramientas automatizadas reproduzcan las desigualdades existentes.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre empleo e inteligencia artificial. Explica que el sesgo en la inteligencia artificial no es necesariamente un error técnico, sino que puede surgir cuando los modelos se entrenan con datos procedentes de contextos de discriminación estructural. Analiza cómo los algoritmos utilizados en contratación y monitorización pueden vulnerar derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Presenta tres escenarios. El primero es el ‘Cribado automatizado que descarta el talento’: los sistemas pueden rechazar candidaturas por lagunas de empleo o por menciones a programas de apoyo.

El segundo son las ‘Vídeo entrevistas que penalizan la diversidad’: algoritmos de análisis facial y de voz pueden calificar negativamente características como la parálisis facial o el tartamudeo.

El tercero es la ‘Monitorización que confunde dolor con bajo rendimiento’: la variabilidad derivada de determinadas condiciones de salud, como la fibromialgia, puede ser marcada erróneamente como inconsistencia laboral.

Frente a estos riesgos, la pieza recoge tres exigencias. La primera es una auditoría obligatoria frente al capacitismo algorítmico, evaluando el impacto interseccional por discapacidad, género, edad y estigma histórico.

La segunda es incorporar el ajuste razonable en la propia arquitectura del sistema mediante configuraciones individualizadas que garanticen igualdad de condiciones.

La tercera es la co-creación con organizaciones de personas con discapacidad, mediante participación directa de las personas afectadas en el diseño y la auditoría de los sistemas.

La infografía relaciona estos riesgos con derechos fundamentales de la Convención: artículo 27, trabajo y empleo; artículo 5, igualdad y no discriminación; y artículo 9, accesibilidad universal.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre educación. Presenta tres garantías frente al uso de inteligencia artificial en este ámbito. Primero, ‘Los ajustes razonables son intocables’, en referencia al artículo 24: la IA nunca debe sustituir ni condicionar los ajustes necesarios para el estudiante. Segundo, exige una auditoría obligatoria con enfoque interseccional, que evalúe el impacto en la infancia y la intersección entre género y discapacidad. Tercero, reclama datos desagregados y participación, en relación con el artículo 31, mediante estadísticas detalladas y participación efectiva de las organizaciones de discapacidad. Las ilustraciones representan la oposición entre apoyos educativos y automatización, la revisión de sistemas mediante auditorías y la utilización de datos con participación de personas diversas. La pieza indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre educación inclusiva y artículo 24 de la Convención. Su mensaje principal es que la educación inclusiva no puede automatizarse y que un algoritmo no debe decidir el futuro educativo de una persona sin garantías.

El primer bloque, ‘El impacto de la automatización’, identifica tres riesgos. La admisión automatizada puede penalizar trayectorias y descartar expedientes con periodos de hospitalización o falta de ajustes razonables previos. La supervisión biométrica puede confundir rasgos propios del TEA o de discapacidades físicas con conductas irregulares y producir falsos positivos. La predicción de abandono puede etiquetar tempranamente al alumnado, condicionar los recursos disponibles y reducir sus expectativas reales.

El segundo bloque, ‘Colectivos en riesgo diferenciado’, señala que los sesgos algorítmicos no afectan a todas las personas por igual y pueden reproducir exclusiones históricas. Para las personas con discapacidad, los datos pueden reproducir trayectorias de un sistema educativo históricamente segregador. Para las mujeres con discapacidad, los sistemas de orientación profesional pueden recomendar itinerarios de menor proyección basados en mercados excluyentes. Para la infancia con discapacidad, las etiquetas algorítmicas iniciales pueden condicionar toda la trayectoria educativa antes de demostrar el potencial real.

El último bloque establece cuatro exigencias para una IA con derechos: auditoría obligatoria con revisión de las intersecciones entre género, infancia y discapacidad; ajustes razonables, que la IA nunca debe sustituir; participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño; y datos con supervisión e intervención humana en decisiones críticas. El mensaje de cierre es: ‘IA sí, pero con derechos, accesibilidad y control humano’. La pieza indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre educación, con referencia al artículo 24 de la Convención. Su mensaje principal es: ‘Un algoritmo no debe decidir el futuro educativo de una persona sin garantías’.

El primer bloque afirma que la educación inclusiva no se automatiza y que debe aplicarse el artículo 24 de la Convención para evitar que la IA reproduzca la exclusión sistémica.

El segundo bloque identifica tres riesgos críticos en los procesos educativos: la admisión automatizada puede penalizar trayectorias de salud; la supervisión biométrica puede confundir discapacidad con sospecha; y la predicción de abandono puede perjudicar la continuidad escolar.

El tercer bloque señala impactos diferenciados: para las personas con discapacidad, los sistemas pueden afectar a su potencial; para las mujeres, limitar sus itinerarios; y para la infancia, condicionar las expectativas.

Como garantías indispensables para los sistemas de IA, la infografía enumera auditoría obligatoria, ajustes razonables, datos desagregados y participación efectiva. Cierra con el mensaje: ‘IA sí, pero con derechos, accesibilidad y control humano’. La pieza indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre inteligencia artificial y servicios sociales. Parte de un principio central: ‘La eficiencia no puede estar por encima del derecho’.

Entre los ámbitos donde puede intervenir la inteligencia artificial se incluyen la baremación de discapacidad, la determinación de elegibilidad para prestaciones, la detección de fraude, la verificación biométrica y la vigilancia en residencias.

La pieza identifica varios riesgos. En la baremación, un sistema puede interpretar trayectorias marcadas por precariedad o exclusión como indicio de ‘menor necesidad’, ignorando la discriminación histórica sufrida por la persona.

También puede producirse bloqueo de identidad por inconsistencias digitales, paralizando ayudas o prestaciones. En residencias, la tecnología de vigilancia puede sustituir apoyos y cuidados por mecanismos de control.

Como garantías, la infografía reclama supervisión humana y respeto a la voluntad de la persona: las decisiones deben basarse en sus preferencias y no exclusivamente en los datos.

También exige alternativas e impugnación efectiva mediante vías analógicas, asesoramiento jurídico gratuito y auditorías con enfoque interseccional.

La conclusión afirma: ‘Los servicios sociales no pueden automatizar la exclusión: deben garantizar derechos’. La pieza indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre el uso de inteligencia artificial en servicios sociales. Su mensaje principal es que la eficiencia no puede situarse por encima de los derechos.

El primer bloque recoge ámbitos de intervención de la inteligencia artificial: baremación de discapacidad, elegibilidad para ayudas, detección de fraude, biometría y vigilancia en residencias.

El segundo bloque identifica riesgos reales de la automatización. Los sistemas pueden penalizar situaciones de exclusión previa, bloquear identidades debido a errores digitales o sustituir el cuidado por formas de vigilancia invasiva.

El tercer bloque presenta garantías esenciales de la Convención: supervisión humana real, respeto a la voluntad de la persona, alternativas analógicas y auditorías con enfoque de género y edad.

El cuarto bloque resume la finalidad de estas garantías: asegurar derechos y no automatizar la exclusión. Los servicios sociales deben actuar como herramienta de inclusión y no como un algoritmo que perpetúe barreras.

La conclusión vuelve a afirmar: ‘Los servicios sociales no pueden automatizar la exclusión: deben garantizar derechos’. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre servicios sociales. Se organiza en tres bloques: derechos y sistemas, riesgos concretos y respuesta de derechos.

El primer bloque establece que no basta con digitalizar los servicios: hay que proteger derechos. Se analizan sistemas de baremación, elegibilidad, detección de fraude y vigilancia residencial frente a derechos como la vida independiente y la privacidad.

El segundo bloque identifica riesgos concretos. Algunos algoritmos pueden interpretar la exclusión previa como falta de necesidad y convertir el historial de barreras sociales en un criterio automático de denegación, bloqueando solicitudes mediante cruces de datos sin suficiente intervención humana.

También se advierte de que la inteligencia artificial puede profundizar brechas de género y edad. Las mujeres pueden experimentar menor elegibilidad como consecuencia de cuidados no remunerados, mientras que las personas mayores pueden verse sometidas a formas de institucionalización digitalizada mediante vigilancia intensiva.

El tercer bloque plantea una respuesta basada en derechos. La inteligencia artificial no puede reemplazar apoyos ni garantías. Debe existir supervisión humana real, alternativas no digitales y auditorías con perspectiva de género e interseccionalidad.

La pieza concluye que la inteligencia artificial puede apoyar la gestión, pero no sustituir las garantías, los apoyos ni los derechos. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre el impacto de la inteligencia artificial en el acceso a la justicia. Explica que el uso de algoritmos para reconocimiento facial o predicción de reincidencia puede ignorar la discapacidad, generar sesgos y convertirla en un factor de riesgo.

En ‘Escenarios de riesgo: cuando el algoritmo falla’ se presentan tres situaciones. Primera, detenciones erróneas por fallos en biometría: los sistemas pueden fallar con rasgos que no se ajustan al patrón estadístico estándar, afectando a la libertad y la privacidad. Segunda, mayor tiempo en prisión por crisis de salud: las crisis de salud mental pueden registrarse como incidentes violentos y retrasar la reinserción social, con impacto en la privacidad. Tercera, la exclusión social procesada como ‘peligrosidad’: los algoritmos pueden penalizar la falta de vivienda o empleo, consecuencias de discriminaciones previas, afectando a la igualdad ante la ley.

Frente a estos riesgos, la infografía recoge exigencias de la Convención para una justicia justa. Reclama ajustes de procedimiento conforme al artículo 13, con adaptaciones adecuadas a la edad y participación efectiva en todas las fases; participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la evaluación y diseño de los sistemas antes de su implantación judicial; y valoración individualizada, porque ningún algoritmo debe sustituir el juicio humano cualificado necesario para respetar la dignidad y la capacidad jurídica. La pieza indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre las consecuencias que puede tener la inteligencia artificial cuando interviene en la justicia. Presenta tres escenarios.

‘Una detención por error’: el reconocimiento facial puede fallar más con rasgos no normativos y provocar detenciones injustas de personas con discapacidad. Los derechos señalados son libertad, igualdad y privacidad.

‘Más tiempo en prisión’: las crisis psicosociales o la falta de comprensión de normas pueden registrarse como incidentes, reduciendo las posibilidades de reinserción. Los derechos afectados son libertad, capacidad jurídica y acceso a la justicia.

‘La exclusión convertida en riesgo’: los algoritmos pueden puntuar como ‘peligrosas’ a personas basándose en datos que son consecuencia de discriminaciones previas, como hospitalizaciones o desempleo. Se señalan los derechos a la igualdad, la no discriminación y el acceso a la justicia.

La infografía concluye: ‘Ningún algoritmo puede sustituir la valoración individualizada que cada persona merece’. La pieza indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre acceso a la justicia que plantea la pregunta: ‘¿Puede una IA interpretar erróneamente el testimonio de una mujer con discapacidad?’.

En el bloque ‘Cuando el algoritmo no sabe escuchar’ identifica tres riesgos. El primero es el sesgo de la ‘linealidad’ en el relato: un sistema puede marcar un testimonio no lineal como inconsistente y reducir la credibilidad de la víctima. El segundo es que la tecnología se vuelva contra la víctima: agresores pueden instrumentalizar sistemas de vigilancia pública para controlar los movimientos de mujeres con discapacidad. El tercero es la afectación de derechos fundamentales, especialmente el acceso a la justicia, la igualdad y la protección frente a la violencia.

El segundo bloque recoge lo que exige la Convención, con referencia al artículo 13. Por una parte, ajustes de procedimiento y capacitación: el personal judicial y policial debe recibir formación adecuada y realizar adaptaciones según la edad y condición. Por otra, participación efectiva en el diseño: las organizaciones de personas con discapacidad deben participar en la creación y evaluación de estos sistemas.

La tabla final relaciona el artículo 13 de la Convención con el acceso a la justicia en igualdad de condiciones; el artículo 5 con la igualdad y la no discriminación; y el artículo 16 con la protección frente a la explotación, la violencia y el abuso.

La conclusión afirma: ‘Ningún sistema puede convertir la discapacidad en una razón para no creer, no proteger o vigilar en exceso a una mujer’.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre salud y derechos. Presenta riesgos de error diagnóstico, sustitución de la voluntad y falta de accesibilidad en el consentimiento cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial.

En el bloque ‘Riesgos de error diagnóstico por IA’ se identifican tres situaciones. La atribución errónea puede hacer que los síntomas se atribuyan incorrectamente a la discapacidad. Los modelos sesgados pueden producir un impacto mayor en mujeres con discapacidad. Y el triaje puede postergar la atención utilizando como criterio la falta de autonomía previa.

El segundo bloque, ‘De herramienta de apoyo a sustitución’, representa una secuencia que comienza con la recogida automatizada de datos mediante chatbots, continúa con decisiones automatizadas en salud mental y puede terminar en la sustitución de la voluntad de la persona mediante decisiones adoptadas sin consentimiento real.

El tercer bloque afirma que ‘El consentimiento debe ser siempre accesible’. El consentimiento debe ser libre e informado y no presentar barreras tecnológicas, utilizando los formatos y apoyos necesarios.

La conclusión es: ‘La voluntad es irrenunciable’. Una herramienta de apoyo nunca puede sustituir la voluntad ni las decisiones de la persona. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre inteligencia artificial y derecho a la salud. Presenta tres situaciones de sesgo algorítmico y tres garantías derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La primera situación es ‘El triaje que posterga la atención’. Un algoritmo puede utilizar la discapacidad o la autonomía previa como criterio para reducir la prioridad clínica de una persona.

La segunda es la ‘Atribución errónea de síntomas’. La inteligencia artificial puede ignorar una dolencia nueva al atribuirla incorrectamente a la discapacidad de base de la persona.

La tercera es ‘Salud mental sin consentimiento’. Los chatbots y sistemas automatizados de detección o intervención pueden sustituir la voluntad de la persona si no existen garantías adecuadas.

Frente a estos riesgos, la infografía presenta tres garantías. La primera es la prohibición de criterios discriminatorios: la discapacidad no puede utilizarse como motivo para postergar la atención. La segunda es la validación inclusiva de los sistemas diagnósticos, diferenciando por tipo de discapacidad, género y edad. La tercera es el consentimiento libre e informado: todo proceso que utilice inteligencia artificial debe ser accesible, transparente y respetar la autonomía individual.

La pieza concluye que la integración de la inteligencia artificial en la salud puede generar sesgos que afecten al acceso, al diagnóstico y a la autonomía, y que deben aplicarse garantías de derechos para evitarlos. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre salud y triaje algorítmico. Explica cómo dos personas con una necesidad clínica comparable pueden recibir un trato diferente cuando interviene un sistema de inteligencia artificial.

En el primer paso, ‘Necesidad clínica comparable’, se muestran dos personas que requieren una atención médica equivalente, una de ellas con discapacidad.

En el segundo, ‘Intervención del sistema de IA’, el algoritmo evalúa factores como la autonomía previa, la esperanza de vida ajustada y datos médicos estándar.

En el tercero, ‘Impacto y discriminación’, la persona sin discapacidad recibe prioridad alta, mientras que la persona con discapacidad recibe prioridad baja a pesar de presentar la misma necesidad clínica.

La infografía incorpora un análisis diferenciado e interseccional. Advierte de una discriminación agravada en mujeres con discapacidad cuando modelos entrenados con referencias masculinas no reconocen adecuadamente sintomatologías atípicas y generan diagnósticos erróneos. También señala que la combinación de discapacidad y edad puede incrementar el riesgo de postergación cuando se utilizan criterios relacionados con dependencia o estimaciones de años de vida.

Se mencionan como derechos de la Convención el artículo 25, derecho a la salud; el artículo 12, relacionado con el consentimiento libre e informado en la pieza; y el artículo 22, privacidad y protección de datos.

La conclusión establece el principio de no discriminación: ‘La discapacidad no puede utilizarse como criterio para postergar la atención’. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre el riesgo de atribución errónea en sistemas de inteligencia artificial utilizados en salud. Explica que la discapacidad de base puede ocultar nuevos problemas de salud cuando el algoritmo interpreta incorrectamente los síntomas.

El proceso se presenta en tres etapas. Primero, ‘Síntoma nuevo’: una persona con discapacidad presenta un problema de salud que no está relacionado con su condición previa.

Segundo, ‘Error de la IA’: el algoritmo atribuye automáticamente el nuevo síntoma a la discapacidad de base.

Tercero, ‘Consecuencia’: se produce un diagnóstico tardío o el problema real de salud no llega a detectarse.

La pieza también presenta un impacto diferenciado e interseccional. En las mujeres con discapacidad, los modelos entrenados con referencias masculinas pueden fallar ante sintomatologías atípicas. En relación con edad y autonomía, el triaje algorítmico puede postergar la atención utilizando como referencia la esperanza de vida o la autonomía previa.

La conclusión afirma: ‘La discapacidad no puede convertirse en una explicación automática para cualquier síntoma’. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre sesgo en la salud algorítmica. Explica cómo el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial basado principalmente en patrones masculinos puede producir diagnósticos erróneos o tardíos en mujeres con discapacidad.

En ‘Cómo se entrena el sistema’ se señala que los modelos clínicos pueden construirse tomando como referencia principalmente patrones masculinos.

En ‘Qué puede ocurrir’ se explica que determinadas sintomatologías pueden no ajustarse al patrón aprendido por el sistema y, por tanto, no ser reconocidas adecuadamente.

En ‘Impacto sobre las mujeres con discapacidad’ se indica que el enfoque interseccional permite detectar que este sesgo puede desembocar en diagnósticos erróneos o tardíos.

Como garantía necesaria, la infografía establece que los sistemas clínicos deben validarse con población con discapacidad y que sus resultados deben analizarse por género y edad. También formula una exigencia de igualdad sanitaria: las mujeres con discapacidad deben estar representadas en los sistemas que ayudan a diagnosticar.

La pieza indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre servicios financieros. Explica cómo las desigualdades sociales y económicas previas pueden incorporarse a los sistemas de inteligencia artificial y producir nuevas barreras para las personas con discapacidad.

El primer bloque, ‘El punto de partida: desigualdades previas’, identifica la brecha salarial, los cuidados y las barreras por discapacidad. Los cuidados no remunerados pueden afectar negativamente a la solvencia financiera que perciben los sistemas. Además, las limitaciones históricas de acceso pueden impedir construir un historial crediticio robusto y equitativo.

El segundo bloque, ‘El riesgo de la IA’, señala que los algoritmos pueden asociar perfiles de discapacidad con un mayor riesgo de impago y asignar una menor puntuación crediticia. También advierte de decisiones opacas, cuya falta de transparencia aumenta la vulnerabilidad y la dependencia económica.

El tercer bloque presenta ‘Garantías para la autonomía’: auditorías interseccionales y accesibilidad, con evaluación proactiva de sesgos y plataformas totalmente accesibles; y revisión humana y claridad, incluyendo el derecho a recibir una explicación comprensible de las decisiones y supervisión por parte de personas.

La conclusión afirma: ‘Sin autonomía económica, no hay vida independiente’. La pieza indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre servicios financieros, inteligencia artificial y autonomía. Presenta riesgos de exclusión digital, especialmente para personas mayores con discapacidad, y propone medidas para una banca inclusiva.

Entre los riesgos identifica que los sistemas pueden interpretar automáticamente los bajos ingresos o los ingresos decrecientes como un riesgo de impago, convirtiendo situaciones de pobreza en una presunción de insolvencia.

También señala fallos en los sistemas biométricos: determinadas asimetrías neurológicas o físicas pueden provocar errores de reconocimiento que bloqueen el acceso al dinero.

Otro riesgo es la penalización del apoyo mutuo. Las cuentas compartidas o los apoyos utilizados para tomar decisiones pueden ser interpretados erróneamente como fraude.

Frente a estas barreras, la pieza propone alternativas y atención presencial, manteniendo canales humanos y físicos cuando la tecnología genera obstáculos insalvables.

También reclama explicaciones comprensibles y revisión humana: las personas deben poder conocer por qué un sistema de inteligencia artificial tomó una decisión y solicitar la intervención de una persona.

La conclusión afirma: ‘La edad y la discapacidad no pueden impedir gestionar el propio dinero con autonomía’. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre servicios financieros. Explica cómo los algoritmos financieros pueden transformar barreras sociales previas en exclusión económica injusta para las personas con discapacidad.

El proceso comienza con una solicitud de crédito. La persona puede llegar al sistema después de haber experimentado barreras laborales, falta de oportunidades y desigualdad estructural.

En el segundo paso, ‘El sesgo: interpretación del algoritmo’, datos como ingresos bajos o irregulares pueden ser interpretados de forma automática como indicadores de alto riesgo, sin tener en cuenta las causas sociales y estructurales que los explican.

En el tercer paso, ‘El resultado: rechazo por exclusión social’, la solicitud puede ser denegada. El sistema trata la situación financiera como una característica individual de riesgo e ignora que puede ser consecuencia de barreras relacionadas con empleo, vivienda, consumo y otras desigualdades externas.

La conclusión establece: ‘Las barreras sociales no pueden utilizarse para negar un servicio financiero’. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre evacuaciones inclusivas y el riesgo de que los sistemas automatizados de planificación de emergencias dejen atrás a personas con discapacidad.

El primer bloque, ‘El riesgo del algoritmo estándar’, explica que un algoritmo puede ignorar la discapacidad cuando calcula tiempos y rutas sin prever apoyos, medios accesibles o desplazamientos más lentos.

El segundo bloque, ‘Barreras críticas en el diseño’, señala que los protocolos pueden omitir necesidades como la orientación para personas ciegas o la información comprensible para personas con discapacidad intelectual.

El tercer bloque, ‘Consecuencias del sesgo algorítmico’, muestra que las personas con discapacidad pueden quedar aisladas, encontrar rutas con barreras o no recibir alertas accesibles durante una emergencia.

Frente a estos riesgos, el bloque ‘Garantías para una evacuación segura’ reclama diseñar rutas y tiempos diferenciados, con salidas sin barreras y cronogramas adaptados a distintas formas de movilidad.

La infografía exige además información multimodal y apoyos técnicos: señalización visual, táctil y comprensible, junto con asistencia personal que respete la autonomía de cada persona.

La conclusión afirma: ‘Una evacuación no es segura si no incluye a todas las personas’. También señala que es imprescindible la participación de las personas con discapacidad en la planificación de los protocolos. La pieza indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre infraestructuras críticas y personas electrodependientes. Explica los riesgos que puede generar una gestión automatizada del suministro eléctrico cuando no identifica que una persona depende de la electricidad para mantener funciones vitales.

En el bloque ‘Riesgo de la automatización invisible’ se explica que algunas personas con discapacidad utilizan respiradores u otros equipos eléctricos esenciales para seguir viviendo. Un sistema automatizado puede ordenar un corte por impago sin detectar esta necesidad vital.

La interrupción del suministro puede tener consecuencias inmediatas para la vida, anular la autonomía de la persona y poner en peligro su salud básica.

En el bloque de garantías se reclama la identificación y exclusión automática de estas personas de cualquier corte automatizado mediante registros vinculantes. También se exigen canales accesibles de atención y comunicación, con respuesta urgente ante incidencias y sistemas adaptados para avisos y reclamaciones.

La conclusión afirma: ‘Proteger el suministro es proteger derechos. Cuando la electricidad sostiene la vida, su acceso no es opcional, es un derecho humano’. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre accesibilidad en situaciones de emergencia y servicios esenciales. Su mensaje principal es: ‘Si la alerta no es accesible, la protección no llega’.

El primer bloque aborda las alertas que todas las personas deben poder recibir. Advierte de los riesgos de utilizar exclusivamente SMS o sirenas y propone sistemas multimodales, como combinaciones de texto, audio y otros formatos, para evitar que niñas y niños con discapacidad sensorial queden aislados.

El segundo bloque trata los protocolos de evacuación escolar inclusivos. Los planes que no contemplan tiempos diferentes ni apoyos específicos pueden dejar atrás a estudiantes con discapacidad. Los planes de rescate deben incorporar los apoyos y tiempos necesarios para que nadie quede excluido.

El tercer bloque se refiere al transporte y otros servicios esenciales. Las barreras en el transporte pueden dificultar su gestión y comprometer la seguridad durante una crisis, por lo que deben eliminarse para garantizar autonomía y protección.

El cuarto bloque aborda la información a las familias. Frente a documentos complejos e inaccesibles, las plataformas digitales deben ofrecer lectura fácil y diseño accesible para que las familias puedan comprender la información de emergencia sin asumir cargas adicionales.

La conclusión afirma: ‘La infancia con discapacidad no puede quedar fuera de la protección en emergencias’. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre inteligencia artificial en infraestructuras críticas y su impacto en las personas mayores con discapacidad. Contrapone los riesgos derivados de la automatización con las garantías exigidas por la Convención.

En el lado de los riesgos se identifica la interrupción de suministros vitales. Un corte automático por impago puede detener equipos médicos domiciliarios esenciales para la vida.

También se señalan alertas y evacuaciones excluyentes: los sistemas inaccesibles y los planes de evacuación que no consideran movilidad reducida ni tiempos diferenciados pueden aumentar el riesgo durante una emergencia.

La infografía identifica además el ‘edadismo codificado’ como un sesgo invisible que puede afectar a los algoritmos e influir en las decisiones automatizadas. Para las personas mayores con discapacidad, estos problemas pueden incrementar el aislamiento, la dependencia de la teleasistencia y la exclusión en las decisiones automatizadas.

Se relacionan estos impactos con derechos de la Convención, entre ellos el artículo 9 sobre accesibilidad, el artículo 11 sobre situaciones de riesgo y los artículos 19 y 28 relacionados en la pieza con vida digna y apoyos.

En el lado de las garantías se proponen registros vinculantes de dependencia vital para impedir cortes automatizados de suministros esenciales; alertas tempranas y planes inclusivos mediante avisos multimodales y apoyos específicos; y accesibilidad desde el diseño en todas las plataformas y servicios.

La conclusión afirma: ‘La seguridad no puede diseñarse sin las personas con discapacidad mayores’. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre biometría y derechos. Explica una secuencia de exclusión causada por un sistema de autenticación biométrica facial.

En el primer paso, ‘Intento de reconocimiento’, una persona con discapacidad interactúa con un sistema de autenticación biométrica facial.

En el segundo, ‘Error y sesgo del sistema’, la autenticación es denegada porque los rasgos asociados a la discapacidad no encajan en el patrón utilizado por el sistema.

En el tercero, ‘Impacto en derechos humanos’, la persona pierde el acceso a un servicio esencial, generándose una barrera de exclusión efectiva.

La infografía concluye que todo sistema biométrico debe ofrecer una alternativa accesible de autenticación. Representa la secuencia biometría, alternativa accesible y acceso garantizado como garantía de accesibilidad. La pieza indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre el impacto de la inteligencia artificial biométrica en las personas con discapacidad. Explica la brecha entre los datos técnicos que captura un algoritmo y la realidad diversa de las personas, que puede generar interpretaciones erróneas y afectar a derechos fundamentales.

La primera columna, ‘Lo que analiza la IA’, enumera los datos que puede captar el sistema: rostro, mirada, gestos, movimientos y voz.

La segunda, ‘Lo que puede observar realmente’, muestra que esos datos pueden corresponder a manifestaciones como parálisis facial, tartamudeo o rasgos propios del espectro autista.

La tercera, ‘Cómo puede interpretarlo erróneamente’, señala que esas características pueden convertirse en conclusiones sesgadas como ‘falta de confianza’, ‘baja idoneidad’ o ‘poca atención’.

La infografía destaca además el impacto interseccional en las mujeres con discapacidad, que pueden enfrentarse a una discriminación agravada por género y discapacidad en los sistemas biométricos.

El mensaje final es: ‘La capacidad no es expresión’. La forma de expresarse de una persona no determina su capacidad. La pieza indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre los riesgos que genera la intersección entre identidad de género y discapacidad en los sistemas biométricos.

El primer bloque, ‘Errores en el reconocimiento facial’, señala que estos sistemas fallan con mayor frecuencia ante personas trans, no binarias e intersex, especialmente cuando concurre una discapacidad que afecta a la expresión facial.

El segundo bloque, ‘Inferencia de datos sin consentimiento’, explica que la categorización biométrica puede inferir automáticamente la identidad de género y la discapacidad de una persona, vulnerando su privacidad.

El tercer bloque, ‘Violencia digital e IA generativa’, advierte de que el uso de imágenes y vídeos falsos o deepfakes puede constituir una forma de violencia LGTBI+fóbica que afecta de forma interseccional a las personas con discapacidad.

La pieza destaca los principios de igualdad, privacidad y no discriminación y concluye: ‘La identidad, la expresión de género y la discapacidad nunca deben convertirse en factores de exclusión algorítmica’. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre los riesgos de generar etiquetas automáticas a partir de rasgos físicos mediante sistemas de inteligencia artificial.

El primer bloque, ‘De rasgos físicos a riesgos reales’, representa una cadena que parte de los rasgos biométricos, continúa con su análisis mediante inteligencia artificial y con la inferencia de datos sensibles, y termina en un riesgo para los derechos.

El segundo bloque, ‘El sistema te etiqueta sin permiso’, muestra cómo un sistema puede generar a partir de un rostro etiquetas automáticas relacionadas con discapacidad, edad e identidad de género.

El tercer bloque, ‘Inferencia de datos sin consentimiento previo’, explica que estos datos sensibles pueden obtenerse sin que la persona haya decidido comunicarlos, afectando a su privacidad.

El cuarto bloque aborda el impacto interseccional y la discriminación agravada, señalando que las mujeres con discapacidad afrontan mayores riesgos y sesgos en estos sistemas de categorización.

La pieza destaca los derechos a la privacidad y la igualdad y concluye que nuestros rasgos biométricos no deben convertirse en una fuente de discriminación. La infografía indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre biometría y género. Analiza el impacto interseccional y la discriminación agravada que pueden experimentar las mujeres con discapacidad ante los sistemas biométricos y la violencia facilitada por inteligencia artificial.

En el bloque ‘Impacto interseccional en biometría’ se señalan errores agravados en el reconocimiento biométrico. La combinación de género y discapacidad puede aumentar las tasas de error en los sistemas de autenticación.

También se advierte de la interpretación errónea de emociones: determinados rasgos asociados a la discapacidad en mujeres pueden ser interpretados incorrectamente como baja idoneidad o falta de atención.

El bloque ‘Violencia digital y protección’ aborda la violencia mediante imágenes y vídeos manipulados. Explica que el contenido falso generado con inteligencia artificial puede utilizarse como una herramienta de violencia específica.

La infografía señala además barreras en el acceso a la protección, con obstáculos significativos para acceder a mecanismos de denuncia y de respuesta efectiva frente a estas agresiones.

La conclusión es: ‘La tecnología no puede agravar la discriminación, amplificar la violencia ni dificultar la protección’. La pieza indica que ha sido creada por una herramienta de inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre el impacto específico de los sistemas de inteligencia artificial en mujeres con discapacidad dentro de contextos migratorios.

El punto central de la pieza es que el sistema debe adaptarse a la persona y no la persona al algoritmo.

El primer bloque aborda las barreras en el relato y la comunicación. La interacción entre género y discapacidad puede dificultar que un sistema valore correctamente el testimonio de una mujer con discapacidad.

El segundo bloque señala un riesgo de desprotección ante la violencia. Un sistema de inteligencia artificial puede no detectar indicadores críticos de violencia contra mujeres con discapacidad durante los procedimientos de control migratorio.

El tercer bloque establece como garantía necesaria la identificación de la discapacidad y la aplicación de ajustes de procedimiento desde el primer contacto.

La conclusión afirma: ‘Las barreras de comunicación no pueden convertirse en barreras para recibir protección’. La pieza indica que el contenido ha sido generado con inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre el impacto de los sistemas utilizados en asilo y migración sobre personas LGTBI+ con discapacidad.

El primer bloque, ‘Barreras en el sistema de asilo’, identifica dos riesgos. El primero es la invisibilidad de la intersección entre orientación sexual, identidad de género y discapacidad: el sistema puede no identificar persecuciones que combinan estas dimensiones. El segundo es que inconsistencias documentales asociadas a la discapacidad puedan interpretarse erróneamente como intentos de fraude, colocando la identidad de la persona bajo sospecha.

El segundo bloque, ‘Garantías y ajustes necesarios’, exige identificar las necesidades de accesibilidad y proporcionar ajustes desde el primer contacto para asegurar una evaluación justa. También reclama alternativas accesibles de verificación mediante métodos de identidad que no generen riesgos adicionales y estén adaptados a cada persona.

La conclusión establece que ‘La identidad y la discapacidad nunca pueden convertirse en sospecha ni en pérdida de protección’.

La pieza resume sus principios en tres conceptos: igualdad, accesibilidad y protección. El contenido se identifica como generado con inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre migración, asilo y control fronterizo. Explica cómo un sistema automatizado puede transformar características vinculadas a la discapacidad en dudas injustificadas sobre la credibilidad de una persona.

El proceso se presenta en tres pasos. Primero, ‘El relato de la persona’: durante la entrevista o el procedimiento de asilo, una persona con discapacidad explica su historia personal.

Segundo, ‘Riesgo de interpretación errónea’: el sistema puede identificar relatos fragmentados o formas de comunicación distintas como falta de coherencia o de credibilidad, aunque esas características puedan estar relacionadas con la discapacidad.

Tercero, ‘Consecuencia en derechos’: la discapacidad puede convertirse erróneamente en sospecha, con pérdida de garantías legales y riesgo de denegación de la solicitud de asilo.

La pieza incorpora un análisis diferenciado. Señala que las mujeres pueden enfrentarse a mayores barreras y que las personas menores de edad pueden sufrir errores biométricos. También reclama ajustes de procedimiento y accesibilidad desde el primer contacto.

La conclusión afirma: ‘La discapacidad nunca puede ser una razón automática para dudar del relato de una persona’. La pieza indica que el contenido ha sido generado con inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre los riesgos de utilizar inteligencia artificial para determinar la edad en fronteras y procedimientos de asilo. Advierte de que la discapacidad puede convertirse en una causa de pérdida de protección cuando afecta a la precisión de la estimación biométrica.

En el primer paso, ‘Verificación biométrica de edad’, un sistema estima la edad de una persona durante el control fronterizo o el procedimiento de asilo.

En el segundo, ‘El factor de error por discapacidad’, se explica que una discapacidad que afecta al desarrollo físico puede provocar que la estimación biométrica de la edad sea incorrecta.

En el tercero, ‘Consecuencia: desprotección’, una persona menor de edad con discapacidad puede quedar injustamente fuera de los mecanismos de protección de la infancia.

La pieza establece como garantía que, ante la determinación biométrica de la edad, debe aplicarse el beneficio de la duda.

También señala un impacto diferenciado sobre las mujeres con discapacidad, que pueden experimentar una discriminación agravada que los sistemas de inteligencia artificial suelen ignorar. La pieza indica que el contenido ha sido generado con inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre participación política y pública en el entorno digital. Parte de la idea de que la accesibilidad democrática digital es un derecho fundamental y advierte de que los sistemas que revisan automáticamente los contenidos pueden generar sesgos que invisibilicen el activismo y los mensajes legítimos de las personas con discapacidad.

El primer bloque, ‘Qué se publica’, muestra contenidos legítimos, entre ellos mensajes en lectura fácil, testimonios propios y denuncias de discriminación por discapacidad.

El segundo, ‘Qué hace el sistema’, representa sistemas que revisan automáticamente los contenidos y pueden clasificarlos erróneamente como contenido inapropiado.

El tercer bloque, ‘Qué ocurre’, muestra las consecuencias: pérdida de visibilidad, reducción de la expresión de las personas con voz y participación política propia e invisibilización en el debate público.

La conclusión de la pieza afirma: ‘Reivindicar derechos no puede convertirse en una razón para tener menos voz en el debate público’. La infografía indica que el contenido ha sido generado con inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre el impacto específico de los sistemas de inteligencia artificial en la participación política y pública de las mujeres con discapacidad.

El primer bloque, ‘Estereotipo que reproduce el sistema’, explica que los sistemas de inteligencia artificial pueden clasificar y tratar a las mujeres con discapacidad principalmente como receptoras de cuidados, reforzando una imagen de dependencia.

El segundo bloque, ‘Lo que invisibiliza el sistema’, señala que, al operar con estos sesgos, la tecnología puede no reconocer a las mujeres con discapacidad como candidatas potenciales ni como personas con voz y participación política propia.

El tercer bloque, ‘Riesgo añadido en el entorno digital’, advierte de que los sistemas que revisan automáticamente los contenidos pueden no detectar adecuadamente el hostigamiento que combina misoginia y capacitismo, dejando a las mujeres con discapacidad desprotegidas frente al acoso.

La conclusión afirma: ‘Las mujeres con discapacidad deben poder participar y ejercer su voz política sin estereotipos ni violencia invisibilizada’. La pieza indica que el contenido ha sido generado con inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre participación en la vida política y pública. Explica cómo el uso de sistemas automatizados y reglas obsoletas puede excluir indebidamente a las personas con discapacidad de los procesos electorales y políticos.

Presenta un ‘Proceso de Exclusión Automatizada’ en tres etapas. La primera es la intención de participación política: una persona con discapacidad decide presentarse a una candidatura o participar en un proceso político.

La segunda es la intervención del sistema. Los sistemas que revisan automáticamente los contenidos pueden aplicar reglas antiguas que vinculan los derechos políticos con concepciones obsoletas sobre capacidad jurídica.

La tercera es la exclusión y vulneración de derechos: la persona queda fuera del proceso, incumpliéndose la exigencia de la Convención de garantizar la participación sin restricciones por discapacidad.

La declaración de principios final afirma: ‘La discapacidad no puede convertirse en una restricción automática del derecho a participar en política’. También reivindica a las personas con discapacidad como personas con voz y participación política propia, que deben ser reconocidas como sujetos activos de derechos y no como meras receptoras de cuidados. La pieza indica que el contenido ha sido generado con inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre accesibilidad digital y participación política. Señala que la accesibilidad digital es una condición indispensable para la igualdad política y explica cómo deben funcionar los sistemas de identificación para que la biometría no impida el voto o la participación.

El proceso se presenta en cuatro pasos. Primero, ‘Registro o acceso digital’: la persona se identifica para participar en un entorno político o electoral digital.

Segundo, ‘Problema de identificación’: puede producirse un error cuando la biometría no reconoce o autentica de forma fiable a la persona.

Tercero, ‘Garantía de alternativa accesible’: debe ofrecerse obligatoriamente una vía alternativa no biométrica para asegurar el acceso.

Cuarto, ‘Supervisión y control’: deben vigilarse las tasas de error de los sistemas para detectar y eliminar barreras discriminatorias.

La conclusión afirma: ‘Ningún fallo biométrico puede convertirse en una barrera para ejercer derechos políticos’. Como exigencias de la Convención, la pieza menciona accesibilidad obligatoria, supervisión humana y revisión efectiva de los sistemas. La infografía indica que el contenido ha sido generado con inteligencia artificial.

Infografía del Informe DiscapacIA sobre accesibilidad en la participación política digital. Presenta herramientas digitales utilizadas en los procesos democráticos, los riesgos de exclusión que pueden generar y las garantías necesarias para asegurar una participación accesible.

Entre las herramientas digitales de participación se incluyen los chatbots de información ciudadana, diseñados para orientar al votante o informar sobre candidaturas y procesos electorales; las plataformas electorales digitales, utilizadas para difundir programas, realizar consultas y fomentar el debate político; y los sistemas tecnológicos de voto, como herramientas de voto electrónico o sistemas de apoyo digital en los centros de votación.

La sección ‘El riesgo: barreras y exclusión’ identifica tres problemas. El primero es un diseño no universal: si las herramientas no son accesibles desde su creación, pueden generar barreras que impidan a las personas con discapacidad participar en igualdad.

El segundo son los sistemas que revisan automáticamente los contenidos. Los algoritmos de moderación pueden clasificar erróneamente mensajes en lectura fácil o testimonios de discriminación como contenido inapropiado, silenciando a personas con voz y participación política propia.

El tercero son los sesgos en la elegibilidad: sistemas automatizados que aplican criterios obsoletos de capacidad jurídica pueden excluir injustamente a personas con discapacidad de censos o candidaturas.

Como garantías exigidas por la Convención, la infografía señala una evaluación independiente previa de accesibilidad antes de la implementación masiva; protección del secreto del voto y supervisión humana; y alternativas accesibles obligatorias, mediante canales analógicos o digitales que permitan participar sin costes adicionales y con los apoyos necesarios.

La conclusión afirma: ‘La participación política digital solo es democrática si todas las personas pueden ejercerla de forma accesible’. Añade que la accesibilidad desde el diseño es una obligación legal y ética para garantizar una ciudadanía plena. La pieza indica que el contenido ha sido generado con inteligencia artificial.